Managua, 1 mar (EFE).- La principal organización empresarial y la banca privada de Nicaragua pidieron hoy al presidente del país, Daniel Ortega, vetar una ley que consideran “confiscatoria” y que permitirá a miles de productores en mora renegociar sus deudas con las instituciones financieras.

El Congreso aprobó el miércoles pasado con amplia mayoría una ley especial que permitirá la renegociación de deudas entre unos 5.000 productores agropecuarios y comerciantes morosos y microfinancieras de Nicaragua. EFE/Archivo

“Solicitamos el veto total a esta ley”, demandaron el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) en un comunicado conjunto publicado en la prensa local.

Ambas instituciones sostienen que esa ley crea un alto grado de inseguridad jurídica e institucional, “dado que afecta los contratos debidamente suscritos entre privados”.

“Es una ley confiscatoria, que produce efectos retroactivos y atenta contra el principio de la cosa juzgada”, aseguran.

Asimismo, afirman que “castiga” a más del 95 por ciento de los productores que cumplen con sus obligaciones y “premia” a los malos pagadores, “reviviendo así la cultura de no pago”.

Además, crea un precedente negativo en el clima de negocios, afectando la inversión, el desarrollo, el empleo, al tiempo que aumenta el riesgo país, perjudicando no sólo al sector de micro, pequeñas y medianas empresas, sino también al resto de sectores productivos y comerciales.

Esa ley dificultará el acceso a las fuentes de financiación externa y obligará a restringir el crédito, “afectando a todos los sectores económicos del país y poniendo en riesgo los acuerdos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” y demás organismos financieros multilaterales, agregan.

El Congreso nicaragüense aprobó el miércoles pasado con amplia mayoría una ley especial que permitirá la renegociación de deudas entre unos 5.000 productores agropecuarios y comerciantes morosos y microfinancieras de Nicaragua, a una tasa de interés no mayor al 16 por ciento anual.

La ley establece que la renegociación entre los clientes que están en mora al 30 de junio de 2009 y las instituciones financieras se debe llevar a cabo en un plazo de 120 días, y manda a suspender los embargos y los juicios.

Además, que los plazos para pagar los adeudos serán de 4 y 5 años con un período de gracia de seis meses.

La aprobación de esa ley ha causado también la preocupación del FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Asociación de Microfinancieras de Nicaragua (Asomif) también ha pedido a Ortega vetar esa ley, de lo contrario, esas instituciones no recibirán unos 70 millones de dólares de sus acreedores internacionales para destinarlos a créditos en este país.

También pondría en riesgo unos 350 millones de dólares ya colocados.

Las 22 microfinancieras que operan en Nicaragua atienden a más de 500.000 clientes.

El Gobierno, a través del asesor para asuntos económicos, Bayardo Arce, dijo recientemente a los periodistas que esa ley “realmente es preocupante”, “no contribuye en nada a la bien andanza de la economía” y que analizarán su posible veto.

La polémica ley fue aprobada luego de presiones de productores agropecuarios y comerciantes con problemas para cancelar sus deudas.

Ese grupo es el mismo que desde hace dos años organizó el llamado “Movimiento del No Pago” y protagonizó hechos violentos contra entidades financieras en el norte del país, para protestar contra lo que califican de “intereses leoninos” de hasta 60 por ciento anual cobrados por las microfinancieras.