Panamá, 3 mar (EFE).- La poderosa banca instalada en Panamá presiona al gobierno para que dé marcha atrás al aumento de los impuestos al sector incluidos en la reforma tributaria, que inicia mañana su debate en la Asamblea Nacional.

Aún así, sostiene el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Alberto Vallarino, los bancos en Panamá (unos 100) seguirán siendo competitivos en la región. EFE/Archivo

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Alberto Vallarino, un antiguo banquero, ha propuesto, con el apoyo del gobierno, una enmienda que busca una mayor contribución en el pago de los impuestos por parte de sectores “privilegiados”, como la banca, y reducir la carga tributaria a los asalariados.

De acuerdo con el proyecto de ley de reforma tributaria, a la banca se le mantendrá la tasa nominal del Impuesto sobre la Renta (ISR) en el 30%, junto a otro grupo de sectores como las aerolíneas, cementeras y empresas de telecomunicaciones, pero aumentará su pago efectivo del 8 por ciento actual al 15 por ciento debido a que perderán numerosas deducciones de que venían gozando hasta ahora.

A los otros sectores se les reducirá el ISR al 27,5% este año y al 25% a partir de 2011, algo que los banqueros consideran discriminatorio.

Aún así, sostiene Vallarino, los bancos en Panamá (unos 100) seguirán siendo competitivos en la región, porque, por ejemplo, en Brasil pagan el 40%, en Colombia el 27% y en México el 25%, mientras los centros “offshore” no tributan ISR, pero “no tienen la capacidad física para expandir sus operaciones bancarias”.

En cuanto a la licencia general, el gobierno pretende duplicar su pago anual, de acuerdo a los activos de cada uno, lo que fluctuará entre 100.000 y 700.000 dólares, mientras que los bancos con licencia internacional (sin oficinas al público) pagarán 75.000, los de fomento y microfinanzas 30.000 y las casas de cambio 10.000 dólares.

Al respecto, el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Moisés Cohen, dijo a Efe que están “en plena conversación” con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para la banca, el asunto más difícil de la reforma es la cantidad que se paga por la licencia bancaria, y la diferenciación de algunos sectores que se mantienen en el 30%” del pago del ISR.

Cuestionado sobre la competitividad del centro bancario panameño, Cohen dijo que “depende del monto que se acuerde (en el pago de impuestos), si es razonable no habrá problema, pero si no, se puede restar. Nuestra posición es que se mantenga en el 25% para todos”.

El regulador de la banca, Alberto Diamond, al ser cuestionado sobre el asunto, indicó que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) “ha sido consultada en aspectos técnicos”, pero que es el MEF quien dicta la política impositiva.

No obstante, dijo que todavía “hay una oportunidad de ponerse de acuerdo y enriquecer el proyecto” en el primer debate en la Asamblea Nacional.

Raúl Alemán, gerente general del Banco General, el principal de los bancos privados de capital panameño, dijo a Efe que “la banca no debe ser discriminada en cuanto al porcentaje que tiene que pagar del ISR” frente a otros sectores.

“Deberíamos estar todos igual”, aseguró.

En 2009, el Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá, según cifras oficiales, obtuvo una ganancia neta de 919 millones de dólares (22,4% menos que en 2008), por lo que, con el actual esquema, le tocaría pagar 73,52 millones de dólares de ISR, mientras que con la reforma la cifra sería de 137,85 millones.

El CBI en 2008 obtuvo ganancias netas de 1.185 millones y en 2007 de 1.006 millones de dólares, de acuerdo con Diamond.

El secretario general de la SBP, Amaury Castillo, consideró que “no solo se debe ver la tasa a la banca, sino todo el proyecto en su conjunto”, porque propone rebajas a la renta individual, un aumento del impuesto al consumo (IVA en otros países) del 40% (del 5 al 7%), del impuesto al lujo y la eliminación de impuestos en timbres, entre otros cambios, para recaudar 200 millones de dólares adicionales.

Estos ingresos se distribuirán en varios subsidios y obras de infraestructura para el desarrollo, según el gobierno.